La escuela de Lula
La necesidad una vez más fue burlada por la avaricia.
En José C. Paz, un grupo de inescrupulosos, aparentemente
comandados por el intendente Carlos Norberto Urquiaga, se encargaron de montar
una organización por medio de la cual estafaban sistemáticamente a los mismos
vecinos del distrito, a los que sometían a sus “condiciones”.
La situación remite inmediatamente al caso del destituído
concejal de Merlo Horacio “Lula” Cepeda, quien fue ampliamente acusado, con
pruebas de haber participado, al menos como instigador, en la comisión del
delito de extorsión, cometido en perjuicio de Laura Villalba, Olga Islas, María
del Carmen Pérez, Blanca Elsa Domínguez, Mario Natalio Lezcano y Nilda Rotela,
beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario (PEC) en Merlo, a quienes
obligaba a la entrega de una suma mensual de dinero amenazándolos que si no lo
hacían, perderían el plan.
Como fiel alumno de esta escuela, el intendente de José C.
Paz está siendo procesado por maniobras con los planes sociales, al tiempo que
numerosas punteras de su gobernación cobraban coimas para no dar de baja a los
beneficiarios y los obligaban a ir actos políticos. Para no quedarse atrás, el
su hermano del intendente, César Luis Urquiaga, quien se desempeña como
secretario de Trabajo en el municipio, fue procesado también por la justicia
federal de San Martín, en la misma causa. Se los acusa de exigir a los vecinos
el pago de hasta $ 500 a
cambio de no darlos de baja en los planes Trabajar y Argentina Trabaja.
Estos procesamientos -sin prisión preventiva- fueron
dictados por la jueza federal Alicia Vence, quien aceptó un pedido del fiscal
federal de Tres de Febrero, Paul Starc, que acusó de supuesto incumplimiento de
funcionario público a los hermanos Urquiaga, a partir de las pruebas que obtuvo
en una investigación que comenzó hace cuatro años.
En la investigación se habría determinado que los hermanos
Urquiaga "delegaron intencionalmente el poder de control sobre el correcto
cumplimiento del programa en personas que utilizaron dichas prerrogativas en
beneficio propio". En la decisión del juez se añade: "Esa delegación
del control no pareciera ser negligente, sino intencionada y deliberada. Bien
puede relevarse el motivo por el cual los Urquiaga no cumplieron con su función
de control, pues sus cuestiones de interés personal relacionadas a su plan
político habrían pesado más que el adecuado desempeño en la función que les
asignaron".
Una triste seguidilla que sigue dando muestras de la peor
corrupción que hay que erradicar de los municipios.
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