martes, 28 de mayo de 2013

Colgados de sus… leyes

El proyecto que viene a respaldar a Macri

El Decreto de Necesidad y Urgencia que presentara la ciudad, como recurso para anular los incisos más significativos de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya generó ecos en la oposición que, sumada a este barbarismo, ya presentó un proyecto de ley con gran cantidad de coincidencias con el DNU y el notorio apoyo a las faltas incurridas por el grupo Clarín.
Los responsables de esta propuesta fueron los legisladores de la Coalición Cívica y de Proyecto Sur, quienes presentaron una iniciativa bajo la cual “defender la libertad de prensa y al ciudadano", según dijo Fernando Sánchez, autor de la norma.
Este proyecto, que reflexiona sobre la "libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires", tiene muchos puntos de contacto con el decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri que fue suspendido por la Justicia. Entre ellos, la reafirmación sobre la imposibilidad del Estado de intervenir directorios de empresas de medios (como estipula la ley de mercados de capitales, aprobada recientemente), de redistribuir licencias (como estipula la ley de servicios de comunicación audiovisual) y de cobrar deudas que medios privados hayan contraído con todos los argentinos. Sobre este último punto, es importante aclarar además que la Justicia objetó que el DNU de Macri pretendiera legislar en materia tributaria; en este caso se produce algo similar por tratarse del organismo federal de recaudación de impuestos.
Sobre las críticas que van a recibir por el espíritu del texto, Sánchez respondió: “No respondemos a los que nos acusan de macristas. Básicamente porque la defensa de las libertades no tienen que verse mezcladas con mezquindades ni oportunismo”. Sin embargo, en la lectura minuciosa del texto del proyecto, puede notarse que las libertades planteadas apuntan directamente a los grupos Clarín y La Nación, que tiene una deuda impositiva de 180 millones de pesos con la AFIP.

Existe un antecedente de un distrito que intentó legislar sobre comunicación audiovisual y recibió un revés de la Corte Suprema. La provincia de San Luis sancionó una normativa y el Máximo Tribunal concedió una cautelar a favor del Gobierno Nacional. 

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