El proyecto que viene a respaldar a Macri
El Decreto de Necesidad y
Urgencia que presentara la ciudad, como recurso para anular los incisos más
significativos de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya
generó ecos en la oposición que, sumada a este barbarismo, ya presentó un
proyecto de ley con gran cantidad de coincidencias con el DNU y el notorio
apoyo a las faltas incurridas por el grupo Clarín.
Los responsables de esta
propuesta fueron los legisladores de la Coalición Cívica
y de Proyecto Sur, quienes presentaron una iniciativa bajo la cual “defender la
libertad de prensa y al ciudadano", según dijo Fernando Sánchez, autor de
la norma.
Este proyecto, que reflexiona
sobre la "libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires", tiene muchos puntos
de contacto con el decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri que fue
suspendido por la Justicia. Entre
ellos, la reafirmación sobre la imposibilidad del Estado de intervenir
directorios de empresas de medios (como estipula la ley de mercados de
capitales, aprobada recientemente), de redistribuir licencias (como estipula la
ley de servicios de comunicación audiovisual) y de cobrar deudas que medios
privados hayan contraído con todos los argentinos. Sobre este último punto, es
importante aclarar además que la
Justicia objetó que el DNU de Macri pretendiera legislar en
materia tributaria; en este caso se produce algo similar por tratarse del
organismo federal de recaudación de impuestos.
Sobre las críticas que van a recibir
por el espíritu del texto, Sánchez respondió: “No respondemos a los que nos
acusan de macristas. Básicamente porque la defensa de las libertades no tienen
que verse mezcladas con mezquindades ni oportunismo”. Sin embargo, en la
lectura minuciosa del texto del proyecto, puede notarse que las libertades
planteadas apuntan directamente a los grupos Clarín y La Nación , que tiene una deuda
impositiva de 180 millones de pesos con la AFIP.
Existe un antecedente de un
distrito que intentó legislar sobre comunicación audiovisual y recibió un revés
de la Corte Suprema.
La provincia de San Luis sancionó una normativa y el Máximo Tribunal concedió
una cautelar a favor del Gobierno Nacional.
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