El truco del dulce

(primero te lo muestro… después te lo cobro)

La Ciudad lleva adelante por estos días un nuevo programa por el cual propone la privatización de servidores (hasta el momento) públicos de bicicletas. De esta forma, las bicicletas podrían dejar de ser gratuitas para los 68 mil porteños que las utilizan a diario.

El proyecto está avanzado, ya que se encuentra abierta la licitación para poner el servicio de bicicletas de la Ciudad en manos privadas durante cuatro años, más uno de prórroga. El gobierno le entregará a la empresa ganadora -que podrá ser extranjera- unos 135 millones de pesos. Además, otorga la posibilidad de que los usuarios comiencen a pagar un abono por el servicio.

 Sin embargo, los escasos 5 años contemplados en el pliego parecen ser una estratagema de la Ciudad para evitar un debate algo más democrático. Si bien la posibilidad de concesionar el servicio estaba contemplado en la ley 2586, la decisión generó polémica entre la oposición ya que evita enviar el proyecto a la Legislatura.

"Deciden usar este formato, en el que entregan el servicio a privados por menos de 5 años, para poder manejarlo en forma discrecional y evitar que pase por la Legislatura", le explicó el legislador Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) a Minuto Uno.

El ganador de la licitación recibirá 135 millones de pesos del gobierno de porteño y se hará cargo de las estaciones existentes (con su personal y costos derivados). Durante los primeros 120 días, la empresa sólo deberá sostener el sistema de funcionamiento del sistema y, pasado ese período, deberá comenzar a incorporar 70 estaciones automáticas  más (actualmente hay sólo 30).

A los nueve meses de realizada la adjudicación deberá entregar un total de 200 estaciones y tres mil bicicletas. Para esta altura, ya habrá recibido más de 30 millones de pesos del gobierno. "Esto indica una estrategia privatista en la que el Estado paga para que un privado con mínima inversión se haga cargo de lo que podría brindarse estatalmente con eficiencia", agregó el legislador Rafael Gentili.

Entre los oferentes figuran varias empresas, que debieron acreditar un mínimo de un año de experiencia en al menos una ciudad dentro los últimos 10 diez años, por lo que se obliga a la intervención de empresas extranjeras. Figuran la brasilera Serttel, la española INDRA, Mantelectric (empresa que ya fue cuestionada en varias oportunidades por ganar la mayoría de las licitaciones del gobierno de Buenos Aires), el Grupo Roggio y Metrovías.